Apostando al tiempo, al olvido, al hecho de que la víctima no se de cuenta, a la falsificación de papeles legales, y desde luego a prestanombres y funcionario corruptos, es que se logra el despojo y fraude en terrenos.
Habíamos dicho que los gobiernos en turno son cómplices de los despojos que se realizan hacia los propietarios de tierras. Esto ante la “instrucción” de grandes especuladores, como lo son para el caso de la desfibradora, empresarios como Juan Manuel Ponce y Fernando Ponce.
Es importante revisar el despojo que han cometido contra un familiar directo, José María Ponche Laviada, porque si lo han hecho contra un familiar, nada hay que proteja y pueda evitar que lo hayan hecho contra “n” cantidad de personas.
A continuación, una relatoría de la queja del empresario:
Aún más extraño es el hecho de que el Gobierno del Estado de Yucatán NO HAYA EJERCIDO DERECHO ALGUNO POR 23 AÑOS, pues fue hasta el 12 de Diciembre del 2016 que mediante escritura pública número 2137, se registró una transacción de “permuta” en la que se traspasan varias propiedades, entre ellas el citado predio de la Desfibradora, al Instituto de la Vivienda del Estado de Yucatán, SIN MENCIONAR QUE EL MISMO SE ENCUENTRA BAJO POSESIÓN PACÍFICA DE TERCEROS (Desfibradoras del Noroeste de Yucatán, SA de CV y José María Ponce Laviada), Y SIN SIQUIERA PROCEDER CON LA NOTIFICACIÓN PERTINENTE A LOS LEGÍTIMOS POSESIONARIOS DEL PREDIO POR 23 AÑOS. Este hecho se da en la recta final de la administración del Priista Rolando Zapata Bello, pero NO GENERÓ ACCIÓN ALGUNA EN CONTRA DE LOS POSESIONARIOS.
Además agrega: El señor José María Ponce Laviada ha denunciado públicamente por serios actos de corrupción a personajes de gran jerarquía en el Gobierno del Estado de Yucatán, como Alvaro Juanes Laviada (Jefe de Asesores del Gobierno del Estado), Carlos Viñas Herrera (Director del IVEY), Luis Felipe Saidén Ojeda (Secretario de Seguridad Pública) y al propio Gobernador Mauricio Vila Dosal, y corresponde a este medio destacar los agravios que nuestra labor periodística efectivamente ha podido comprobar.
Por tal motivo resulta inverosímil que en fechas que incluso el Gobierno de Estado declaró el toque de queda, las supuestas empresas compradoras hayan celebrado en la misma fecha y escritura, una compraventa y una subdivisión del predio en 269 partes, lo cual incluso requiere de un levantamiento topográfico que, de haberse llevado a cabo, habría desobedecido el mandato, es decir, que se violó la medida de “toque de queda”, o cuarentena, se simularon actos jurídicos y se “lavó” dinero.
Hemos solicitado una entrevista con el señor Jose María Ponce Laviada para obtener de viva voz sus pronunciamientos actuales, quien ha accedido para el día de mañana 01 de diciembre del 2020, misma que publicaremos a la brevedad posible.
En la carpeta de investigación de la Fiscalía destaca la acusación del señor Ponce Laviada contra el Comandante Osvaldo Dorantes de la SSP, quien manifestando obedecer a instrucciones directas del Comandante Luis Felipe Saidén Ojeda, declaró el aseguramiento del predio. En la misma carpeta compareció igualmente la Policía Municipal de Muxupip corroborando tales hechos. De estos hechos se desprenden DOS DELITOS:
- ABUSO DE FACULTADES, en virtud de que el ASEGURAMIENTO DE UN BIEN ES COMPETENCIA EXCLUSIVA DE LA FISCALÍA.
- COLUSION DE LA SSP, en virtud de que de manera furtiva permitió el ingreso de nuevo a los vándalos responsables del SAQUEO Y DESPOJO VIOLENTO.
Mientras tanto, este medio DENUNCIA NUEVAMENTE LA CORRUPCIÓN QUE IMPERA EN EL GOBIERNO DE MAURICIO VILA DOSAL, y que hemos señalado ya en varias ocasiones.
