Gerardo Vicente Grajales Yuca, de 41 años, pasó su primera noche en prisión el 25 de julio. Una experiencia traumática para un doctor que asegura no haber tenido jamás “ni una multa de tráfico”. Aquel día salió de su domicilio en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, cuando agentes ministeriales le arrestaron dos cuadras después acusado de “abuso de autoridad”.
Hasta aquel momento era jefe de Urgencia y Medicina Crítica del Hospital de Especialidades Vida Mejor, del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (Isstech). Pero una denuncia formulada por la hija de un paciente que había fallecido de COVID-19 lo convirtió en sospechoso. La demandante lo señala por, presuntamente, pedirle que comprase medicamentos para luego quedárselos él. En concreto, una bomba de infusión, que es un aparato que sirve para inyectar fluidos en el paciente.
El doctor estuvo encarcelado durante algo más de una semana hasta que en un juez determinó prisión domiciliaria. Desde entonces está encerrado en su propia casa, convertida en celda. La Fiscalía General del Estado lo ligó a proceso por abuso de autoridad, pero él asegura que es inocente. Su abogado, Antonio Juárez, asegura que “es un preso político”. El Movimiento Yo Soy Médico 17 tiene previstas marchas de apoyo al galeno.
“Soy inocente. Nunca me llevé nada. No sé por qué hacen esto”, dice Grajales Yuca en conversación telefónica con Animal Político. Habla despacio, como si se forzase a mantener la calma. Tiene problemas cardíacos y el estrés es un agravante para su enfermedad.
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El caso de Grajales Yuca ha generado el enfado de la comunidad médica en Chiapas. Desde hace días se han registrado protestas en solidaridad con el galeno y para denunciar la falta de insumos con las que afrontan la pandemia por COVID-19.
Explica el doctor que la situación existente en el hospital era de muchas carencias, que fueron agravadas por el coronavirus.
“Fui el primer médico especialista que entro a esa área. Todos teníamos miedo. Sabíamos que podíamos morir. Por eso te arriesgas”, explica. Su situación personal es complicada. Por su cardiopatía y por sufrir hipertensión es población de riesgo. Podía haberse quedado en casa. Pero no lo hizo.
Cuando recuerda aquella primera oleada reconoce la derrota, pero no busca culpas. “Fuimos rebasados en un 400%, un 500%. Pero no fuimos solo nosotros. Todo el mundo lo sufrió. No solo Chiapas, ni México, es el mundo entero”.
La fecha clave para la historia del doctor es el 7 de julio. Aquel día fallece Miguel Arturo Ramírez López, con pasado en el PRI, PAN y Verde, que mantenía muchísima influencia en el territorio. Él fue quien estuvo atendiéndolo desde que ingresó en el centro por COVID-19.
“Me quedé con la consigna de que habíamos hecho lo que habíamos podido”, dice Grajales Yuca.
Al menos, eso dice que le transmitieron los familiares del fallecido.
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El 18 de julio, sin embargo, Karen Alejandra Ramírez, hija del paciente, presentó una denuncia por “abuso de autoridad” y aseguró que el doctor le hizo comprar unos medicamentos que posteriormente se quedaría para sí mismo.
La defensa de Grajales hizo pública la grabación de una conversación entre la propia Ramírez y Grajales Yuca. En ella, la hija del paciente fallecido se muestra agradecida por el trato y le reconoce que sabe que su padre estaba siendo atendido ahí por sus conexiones políticas, ya que él no era derechohabiente.
Esta es una de las derivadas del proceso contra el jefe de Urgencias: la supuesta existencia de una planta destinada a personal VIP que en ocasiones ni siquiera tenía prestaciones para ser atendido en la clínica.
“Sabía que era gente importante porque se notaba la situación”, dice Grajales Yuca. Asegura que “era difícil distinguirlo, pero sí habían ciertas situaciones de camillas y ventiladores con mejores insumos. Eso era algo conocido”.
Según su testimonio, era el director general del Instituto, Alberto Cundapí Núñez, quien estaba detrás de este búnker. “El encargo era una situación constante. Teníamos que estar pendientes”, explica.
