Lo que comenzó hace más de 20 años como una autorización temporal para permitir la venta de artesanías terminó convirtiéndose en un problema complejo dentro de Chichén Itzá, una de las zonas arqueológicas más importantes y visitadas del mundo.
Actualmente, el comercio ambulante ocupa corredores, accesos, caminos y áreas de sombra dentro del sitio arqueológico, situación que ha generado críticas por la falta de regulación y por el crecimiento descontrolado de vendedores en un espacio considerado Patrimonio Mundial.
Diversos sectores señalan que durante años tanto autoridades estatales como federales evitaron intervenir de manera firme para ordenar la actividad comercial, permitiendo que el número de puestos creciera paulatinamente hasta consolidarse dentro de la zona turística.
El debate ha tomado fuerza debido a que, mientras algunos defienden el derecho de artesanos mayas a comercializar sus productos, otros consideran que el sitio terminó saturado por mercancía industrializada y souvenirs que poco tienen que ver con la identidad cultural de la región.
Críticos de la situación cuestionan cómo se permitió durante más de dos décadas que un espacio arqueológico de relevancia internacional operara prácticamente como un mercado informal sin regulación efectiva.
En medio del conflicto, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) ha intentado trasladar a los comerciantes hacia un nuevo parador turístico; sin embargo, la medida enfrenta resistencia de vendedores que aseguran no abandonar fácilmente los espacios que han ocupado durante años.
La problemática también ha reavivado señalamientos sobre presuntos intereses políticos y falta de decisiones oportunas por parte de distintos gobiernos, que evitaron enfrentar el conflicto debido al peso social y económico que adquirió el grupo de comerciantes con el paso del tiempo.
Actualmente, la discusión ya no gira únicamente en torno a la venta ambulante, sino al control mismo de la operación dentro de Chichén Itzá, donde visitantes y autoridades enfrentan tensiones constantes relacionadas con accesos, movilidad y organización del sitio.
Mientras oficialmente se habla de trabajos de mantenimiento y reubicación, ciudadanos y especialistas advierten que la zona arqueológica atraviesa una crisis derivada de años de omisiones y falta de regulación.
El caso mantiene abierto el debate sobre el equilibrio entre la protección del patrimonio histórico, el turismo y la necesidad económica de cientos de familias mayas que dependen del comercio dentro de uno de los principales destinos turísticos de México.
