Cuatro integrantes de la Secretaría de Marina (Semar) fueron vinculados a proceso por un juez federal, acusados de presuntamente participar en un esquema de desvío de más de 40 millones de pesos mediante contratos irregulares para la compra de medicamentos, material médico y servicios de mantenimiento que, de acuerdo con la investigación, nunca fueron entregados.
La resolución judicial alcanzó a los capitanes Germán Díaz Olivier y Miguel Ramos de la Cruz, así como al primer maestre retirado José Ricardo Hernández Moncada y al tercer maestre Carlos Norberto Tirado Jauri, quienes enfrentan cargos por los presuntos delitos de peculado, administración fraudulenta y cohecho.
Las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) apuntan a que entre enero y mayo de 2024 se autorizaron pagos por 40 millones 746 mil pesos a un particular y dos empresas mediante 14 facturas relacionadas con la adquisición de medicamentos, pruebas médicas, material quirúrgico, mantenimiento de equipos hospitalarios y otros insumos que presuntamente nunca fueron suministrados a la Marina.
Entre los proveedores involucrados figuran PSG Productos y Servicios S.A. de C.V., Operadora de Servicios Paseo 121 S.A. de C.V. e Isaac Santillán Campis, este último quien, según la carpeta de investigación, declaró haber devuelto gran parte del dinero recibido a personal relacionado con la operación, conservando únicamente recursos para cubrir impuestos, gastos y su comisión.
La FGR sostiene que los ahora procesados habrían intervenido en la autorización y registro de las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC), mecanismo mediante el cual se liberaron los recursos públicos desde los sistemas financieros de la Semar.
Pese a la vinculación a proceso, el juez rechazó la petición de la Fiscalía de imponer prisión preventiva justificada, al considerar que existían elementos suficientes para acreditar el domicilio de los imputados, por lo que determinó que enfrentarán el proceso en libertad.
Como medidas cautelares, deberán presentarse periódicamente ante la autoridad, cubrir una garantía económica de 50 mil pesos, entregar sus pasaportes, no abandonar el territorio nacional y abstenerse de acercarse a testigos relacionados con el caso.
Durante la audiencia, que se prolongó por cerca de 18 horas, las defensas argumentaron que los militares fueron víctimas de presuntas irregularidades y actos de tortura durante la investigación; sin embargo, el juez concluyó que dichos señalamientos no invalidaban, por ahora, los datos de prueba presentados por la FGR, por lo que concedió un plazo de cuatro meses para el desarrollo de la investigación complementaria.
